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Los parlamentarios enviaron un oficio al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y a su par de Seguridad Pública, Martín Arrau, con la finalidad de darle urgencia a la iniciativa que busca establecer un régimen transitorio de apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la Policía de Investigaciones en labor de seguridad pública y combate el crimen organizado.

El proyecto -señalaron los diputados- ingresada el 6 de julio de este año constituye "un camino mucho más eficaz" para dotar al Estado de herramientas institucionales que permitan enfrentar el desafío que representa el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

En esa línea, la diputada Ossandón afirmó que "valoramos que el Gobierno esté avanzando en una dirección similar. Nuestro proyecto ya está presentado (...) si hoy existe acuerdo en el diagnóstico, no tiene sentido comenzar desde cero. Lo responsable es avanzar sobre una iniciativa que ya está presentada y que puede tramitarse con rapidez para entregar más herramientas al Estado".

"Valoramos que el Gobierno finalmente reconozca que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar al crimen organizado. Lo dijimos hace semanas y actuamos en consecuencia, presentando una reforma constitucional que hoy cobra total vigencia. Lo coherente ahora es que el Ejecutivo apoye nuestro proyecto y le ponga urgencia. La seguridad de los chilenos no puede seguir esperando mientras el crimen organizado continúa ganando terreno", destacó el diputado Schalper.

El proyecto fue presentado por los diputados: Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Luis Pardo, Diego Schalper y Tomás Kast (EVO).

La Fiscalía Centro Norte solicitó la medida cautelar, argumentando que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; además, planteó que la permanencia en libertad podía afectar el éxito de la investigación y la seguridad de las víctimas y testigos.

El fiscal Emanuel Silva detalló que los sujetos fueron imputados por los delitos de "robo calificado por resultado lesivo, de las lesiones graves respecto de uno de los guardias o vigilantes privados; porte ilegal de arma de fuego convencional, si bien no fue hallada esta arma, se determina en atención al resultado lesivo respecto de uno de los guardias que tiene un impacto en su cuerpo, también se puede configurar porque necesariamente esta arma o el disparo tiene que haber sido causado por un arma de fuego".

Asimismo, se agregó el de "porte ilegal de munición respecto de uno de ellos en virtud de una orden de entrada y registro a uno de los domicilios autorizada judicialmente; y la receptación del vehículo motorizado en el cual ellos se desplazaban que posteriormente fue quemado para efectos de evitar su determinación".

El persecutor también detalló el uno de los sujetos participó directamente en el intento de robo efectuando disparos; mientras, el otro, fue conductor del vehículo utilizado para llegar y huir del lugar.

El trágico suceso se registró cerca de las 16:40 horas en la ruta que conecta Panguipulli con Lican Ray, en el sector de Pata de Gallo.

Debido a las intensas precipitaciones y ráfagas de viento, la estructura arbórea colapsó e impactó directamente al automóvil, provocando la muerte del conductor y del copiloto.

La información fue confirmada de manera oficial por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras liderar una mesa técnica nacional en la sede central del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Quisiéramos, en primer lugar, dar cuenta como Gobierno del fallecimiento de dos personas el día de hoy en el contexto de este evento meteorológico en la Región de Los Ríos, en la ruta que une Panguipulli con Lican Ray; tras la caída de un árbol, dos personas que iban a bordo de un vehículo fallecieron", señaló la autoridad.

"Es un procedimiento que se encuentra llevándose a efecto y adelante por Carabineros de Chile y es la información oficial que podemos dar y que representan las primeras víctimas de este evento. Como Gobierno, y a través de todo el sistema de Senapred, las condolencias a sus familiares", expresó Pavez.

Tras el accidente, personal de Bomberos y equipos de salud acudieron al lugar para efectuar las labores de rescate. En tanto, el tránsito por la ruta Panguipulli-Lican Ray se mantiene interrumpido mientras Carabineros realiza los peritajes correspondientes y se efectúa la remoción del árbol de la calzada.

El balance de las autoridades abarca el impacto del fenómeno meteorológico desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos, manteniéndose el monitoreo preventivo en toda la zona sur del país.

La resolución, dada a conocer por La Tercera, marca un nuevo episodio en la controversia que surgió tras los cambios en la dirección del recinto asistencial.

El fallo marca un nuevo episodio en la controversia generada luego de la llegada de la exministra de Desarrollo Social Jeannette Vega como subdirectora médica del recinto asistencial, situación que desencadenó una serie de cuestionamientos en la gestión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

La desvinculación de Maturana ocurrió en abril de 2026, apenas tres días después de la incorporación de Vega al hospital. En ese momento, el director subrogante del servicio de salud le solicitó una renuncia no voluntaria, argumentando una "pérdida de confianza" y observaciones relacionadas con la conducción del establecimiento.

Frente a esa decisión, la exdirectora, quien había asumido el cargo en febrero de 2024 mediante concurso del Sistema de Alta Dirección Pública, recurrió a la justicia al considerar que no se habían respetado los procedimientos establecidos por la ley para remover a un alto directivo público durante los primeros meses de un periodo presidencial.

Al revisar los antecedentes, la Corte determinó que la autoridad incumplió lo dispuesto en la Ley N.º 19.882, que exige informar previamente y de manera fundada al Consejo de Alta Dirección Pública antes de solicitar la renuncia de un directivo. En este caso, el tribunal constató que dicha comunicación se realizó solo después de que Maturana fuera notificada de su salida.

En su resolución, la Corte calificó el procedimiento como "ilegal y arbitrario", señalando además que la comunicación posterior al Consejo no corregía la irregularidad detectada.

Asimismo, concluyó que la expresión "pérdida de confianza" no constituía una justificación suficiente para fundamentar la medida adoptada.

Como consecuencia, el tribunal dejó sin efecto tanto la solicitud de renuncia como la resolución que declaró vacante el cargo, ordenando la reincorporación de Maturana y el pago de las remuneraciones correspondientes desde el momento en que fue apartada de sus funciones.

No obstante, el fallo también precisa que la autoridad conserva la facultad de remover a la directora por tratarse de un cargo de exclusiva confianza. Sin embargo, cualquier decisión futura deberá ajustarse al procedimiento establecido por la legislación vigente y estar debidamente fundamentada.

Servicio de Salud confirmó que apelará al fallo

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio confirmó que apelará al fallo del tribunal de alzada, según publicó La Tercera.

La institución señaló mediante un comunicado que "ejercerá el recurso de apelación que contempla la ley, dentro del plazo legal, por estimar que existen fundamentos jurídicos para que la Corte Suprema revise el criterio adoptado y se pronuncie respecto del procedimiento administrativo analizado en la sentencia que, hasta el momento, no se encuentra ejecutoriada".

Asimismo, manifestó que -debido a que la causa continúa en tramitación- "no emitirá mayores comentarios sobre el fondo de la causa".

La controversia se originó la semana pasada cuando el Ejecutivo solicitó la renuncia de la ahora exautoridad tras dar positivo en un examen de drogas realizado por el laboratorio Corton Health que, mediante un comunicado, ratificó el resultado positivo luego de un nuevo análisis e informó, el jueves, que Rodríguez aún no solicita procesar la contramuestra que se encuentra en su poder.

Sin embargo, el otrora subsecretario señaló haber "perdido la confianza" en ese laboratorio para que realice el testeo e informó de una nueva prueba capilar que realizó en el centro médico de la Universidad Católica, cuyo resultado fue negativo, aunque el proceso ha generado dudas en el mundo político debido a que fue informado solo cinco días después de su realización, pese a que el estándar técnico es de hasta 20 días.

Examen de pelo laboratorio P. Universidad Católica: NEGATIVO. pic.twitter.com/6URugCDLzR

— Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 31, 2026

Desde el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó la estrategia de la exautoridad y manifestó que realizarse otro examen en lugar de la contramuestra es "como repetir una prueba, pero con una vara más baja".

"Ese examen no permite hablar seriamente de una (eventual) reintegración (al Gobierno, como pretende Rodríguez). Que se analice la contramuestra y punto. Si sale negativo, habrá que evaluar todos los antecedentes, y si vuelve a salir positivo, se acaba la discusión", enfatizó el parlamentario de oposición.

Si a cualquier trabajador le sale positivo un examen laboral, no le aceptarían otro test particular para reemplazar el resultado oficial.

El ex subsecretario no pidió analizar la muestra de respaldo. Se hizo un examen nuevo, en otro laboratorio.

Que se revise la contramuestra y… pic.twitter.com/7heIfMHHWc

— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) August 1, 2026

En una postura similar, el diputado Boris Barrera (PC) apuntó que la reintegración de Rodríguez en el cargo "es irrelevante en relación al tema de fondo, lo claro es que salió positivo. Ellos (los laboratorios) pueden determinar cuándo alguien consumió algún medicamento o alguna sustancia relacionada con medicina, o cuando es consumo problemático, y ese es el que se anunció".

Oficialismo apunta a "un error o manipulación" del primer examen

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el exsubsecretario "ha demostrado con esta nueva prueba que pudo haber habido un error o una manipulación en el primer laboratorio, y lo primero es esclarecer eso".

Ante un eventual regreso, aseguró que las puertas están "abiertas en el Gobierno, y puede volver a eso o a otra cosa, dependerá del Presidente de la República".

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En tanto, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) señaló que, ante un procedimiento delicado, "el laboratorio tiene que entregar resultados y certeza y no transformarse en parte de la polémica. Las declaraciones y las publicaciones que ha hecho el laboratorio han generado dudas que, perfectamente, se podrían haber evitado".

"Lo fundamental es contar con una contramuestra que entregue todas las garantías de objetividad y de rigor. Si finalmente esa contramuestra resulta negativa, evidentemente que cambia el escenario y se abren nuevas posibilidades", puntualizó.

"Puede una contramuestra dar negativo si antes dio positivo"

El exsubsecretario Rodríguez se sometió, además, a otros dos exámenes de pelo -cuyos resultados siguen pendientes-, y a un testeo de orina realizado en el Laboratorio Bionet, que también arrojó negativo.

No obstante, en este último se tomó la muestra de hasta 30 días previos, por lo que la oposición enfatiza que no es comparable con el análisis de pelo practicado en junio.

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Desde el punto de vista médico, el único examen que puede confirmar o descartar el resultado del test de junio es la contramuestra obtenida en aquella ocasión, sobre la cual Rodríguez se ha negado a realizar un análisis en el mismo laboratorio.

El doctor Leonel Rojo, toxicólogo de la Universidad de Santiago (Usach), explicó que una contramuestra "puede dar un resultado negativo si antes dio positivo, eso es posible, dependiendo del método que se aplique".

"¿Se puede analizar (esa contramuestra) en otro laboratorio? Sí, se puede, siempre que se respete algo que se llama la cadena de custodia, que es el traslado de la muestra desde un laboratorio al otro", subrayó el especialista.

Actualmente, la Subsecretaría que dejó Rodríguez es ocupada de forma interina por el coordinador de Regulación Económica Tomás Bunster, quien es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.

Los senadores de la UDI Sergio Gahona y Gustavo Sanhueza, quienes han condicionado su respaldo al proyecto, se mostraron abiertos a apoyarlo, pero estableciendo condiciones respecto a saldar las deudas previsionales que los municipios mantienen con sus trabajadores en las áreas de salud y educación.

El senador Matías Walker, del movimiento Demócratas, otro parlamentario que ha condicionado su voto, destacó que las conversaciones con el Ejecutivo continúan en la línea de "poder garantizar los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco".

"Estamos en conversaciones también con la senadora Yasna Provoste para ver cómo unir fuerzas para darle certezas a los habitantes de nuestras regiones que no solamente vamos a tener recursos para enfrentar la emergencia, sino que también para financiar esos 700 millones de dólares que cuesta la reconstrucción", agregó.

Según datos del Ministerio de Hacienda, con la exención de contribuciones para adultos mayores, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea dejarán de aportar más de 51 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal debido a la menor recaudación del impuesto territorial.

El Gobierno sostiene que esos recursos serán restituidos mediante un mecanismo de compensación estatal, por lo que el fondo no se verá disminuido en sus ingresos. No obstante, varios alcaldes de la oposición cuestionan la fórmula debido a que dispone mayores recursos para las comunas más ricas.

En esa línea, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que sostuvo una reunión con el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la que discutieron cómo se iba a financiar el proyecto: "Lamentablemente el ministro ahí insistió en que solo se va a hacer con los recursos que cuente el Estado vía Ley de Presupuesto".

"Nosotros hemos insistido en la necesidad de que haya recursos adicionales, que el fisco tenga ingresos adicionales. En ese escenario, rebajar el pago de contribuciones es una medida que al final igual desfinancia al Estado, incluso a los municipios; por lo tanto, me parece improcedente que en este escenario senadores de la región de Coquimbo voten a favor de la propuesta que tiene el Gobierno", afirmó.

"Lo que a nosotros nos angustia, nos preocupa, es cómo el Gobierno va a financiar con recursos extraordinarios el plan de reconstrucción de la Región de Coquimbo", insistió el legislador por la zona.

Según lo informado por Carabineros, las víctimas fueron citadas en la comuna de Maipú bajo el pretexto de reparar un vehículo, pero al llegar fueron intimidadas y obligadas a subir a distintos automóviles.

Posteriormente, los sujetos las forzaron a entregar la dirección de su domicilio con el objetivo de trasladarse hasta el inmueble y sustraer distintas especies.

El coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que una de las víctimas "logró dar aviso de esta situación a un vecino, quien en forma rápida tomó contacto con personal de la subcomisaría Los Quillayes, que se trasladó al domicilio de la víctima y permaneció en espera de la llegada de los vehículos".

"Una vez que estos llegan, proceden a la detención de los cinco sujetos, quienes intentaron darse a la fuga", detalló el oficial.

Carabineros incautó dos armas durante el procedimiento: una de ellas funcional, mientras la segunda será sometida a peritajes para determinar si se encontraba apta para disparar.