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La explosión fue provocada por una bomba casera que portaba una mujer, que intentó introducir el artefacto en el establecimiento, Balzi Rossi, que se encuentra cerca del zoológico de la capital rusa, informó la fuente oficial.

Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante, donde supuestamente un general celebraba una fiesta de cumpleaños, según informaron testigos presenciales al canal de Telegram Astra.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el sospechoso contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

La explosión, que causó heridas de diversa consideración a un total de 21 personas, obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Otras fuentes independientes señalan que la explosión tuvo lugar en la terraza, donde tenía lugar la fiesta a la que supuestamente también asistían figuras públicas y diputados de la Duma o cámara de diputados que habían llegado al lugar en autos oficiales.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un carro bomba.

Desde enero de 2025, incluso antes de tomar posesión de la presidencia en la Casa Blanca, Trump insistía en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y ha sido una de sus fijaciones a lo largo de este año y medio de mandato.

El mandatario alega motivos económicos y de seguridad, especialmente el control del Ártico frente a China y Rusia, para justificar las pretensiones sobre la isla.

Tanto la posición de la UE como de la OTAN han sido de rechazo y de defensa total de la soberanía de Groenlandia cada vez que Trump se ha pronunciado sobre el intento de control de este territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

El miércoles, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a Trump respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio autónomo danés "no está en venta".

En un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, Nielsen señaló que, "lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta".

"Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación", sostuvo.

Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).

"Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (...) El 15 de abril de 2025 (cuando fue sentenciado) fui secuestrado por el Estado", expresó Humala a la prensa, tras salir de la cárcel en un automóvil particular.

"Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil", remarcó.

Humala se quejó de que, a raíz de la sentencia, tuvo que asilar a su esposa (en Brasil) y sacar a sus hijos del país.

"Estoy denunciando que hemos sido perseguidos, al punto de tenerme detenido en una prisión", agregó.

Al salir de la prisión, ubicada en el este de Lima, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaba su nombre y estuvo acompañado por sus abogados y algunos expartidarios.

"Fui perseguido por mi ideología" 

Una vez en su domicilio, el exmandatario acusó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato de haberlo llevado a un juicio por su ideología política, a pesar de que "jamás pudieron probar (que recibió) un sólo sol de Venezuela".

Antes de ingresar a su casa en Lima, apuntó que él, su esposa, Nadine Heredia, y su círculo más cercano en el Partido Nacionalista Peruano fueron "perseguidos por nuestra ideología", que fue ubicándose hacia la centroizquierda en su gestión como mandatario.

"Estos sicarios, el brazo armado del Ministerio Público, del Equipo Especial Lava Jato, usurparon funciones del Poder Judicial", afirmó el exmandatario en referencia a los fiscales a cargo de investigar la presunta financiación irregular de sus campañas con aportes de la empresa brasileña Odebrecht o del gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

El exgobernante reiteró que jamás recibió aportes de campaña y que este proceso "es el buque insignia porque el resto de casos (abiertos en su contra) están relacionados (también) a las empresas brasileñas", como son las investigaciones sobre el Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur y el proyecto de irrigación Olmos.

No obstante, el exjefe de Estado aseguró que van a enfrentar todos esos procesos en curso.

"La sentencia del TC nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y mi hijo fue lo correcto", afirmó Humala sobre el pedido que hizo a Brasil, donde vive la exprimera dama desde el año pasado con el menor de sus hijos.

En ese sentido, confió en que "la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese" a Perú, dado que al anular el proceso también liberaría a Heredia de la imputación en su contra.

El expresidente añadió que al Partido Nacionalista, que fundó con su cónyuge, también lo han "criminalizado" y señaló que "el Estado nos debe una disculpa".

Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación de Humala, después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible, según anunció a través sus canales la Corte Superior Nacional.

Humala llevaba en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.

Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.

El caso por lavado de dinero contra Humala se basa en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.

El Tribunal Constitucional estableció el jueves que todo el proceso carecía de validez debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos, ni tampoco la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar que hubo un lavado de dinero en esas operaciones.

El fallo también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, que se encuentra asilada en Brasil y que igualmente había sido condenada en el mismo caso.

A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias al Tribunal Constitucional, afirmó este viernes que su país vive "en un estado de derecho" y se tiene que acatar la resolución.

Según informó la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado español siguió "con gran preocupación e indignación" los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

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En esta crisis migratoria, las estimaciones del Ministerio del Interior español contabilizaron que alrededor de 50.000 migrantes entraron irregularmente a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, la mayoría de ellas a nado.

Ante ello, Felipe VI subrayó la necesidad de adoptar todas las medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

"El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse", agregó el monarca español.

A lo largo de estos días marcados por la entrada masiva de migrantes, el rey, que se encuentra en Palma (en el archipiélago español en el Mediterráneo), se mantuvo en contacto tanto con los presidentes de las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP).

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, destacó hoy que "en 24 horas" se revirtió la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.

Y por su parte, el presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas, advirtió hoy que la ciudad "no ha recuperado" la normalidad porque todavía hay "miles de personas" por las calles, por lo que sostuvo que la crisis "sigue abierta".

Mientras, Sánchez pidió a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar esta crisis migratoria.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa y al jefe de Gobierno de la República de Irlanda, por ostentar actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de Europa, Sánchez expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos.

Denuncias de desaparecidos aumentaron en las últimas horas

Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.

Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

Fuentes policiales informaron a EFE que se recomendó a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 67 personas y sólo se tiene conocimiento de que entre ellos había una mujer.

La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves.

Los 67 cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar.

Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.

La municipalidad provincial de Nazca confirmó en un comunicado que la nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción.

El municipio expresó su profundo pesar por el accidente de la empresa Aerodiana en la zona de Pueblo Viejo que dejó 13 fallecidos (11 turistas y dos pilotos). 

Hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros y la policía permanece en la zona, tras acordonar el lugar donde se estrelló e incendió la nave, a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica.

El comunicado agregó que la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley.

Agregó que, desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la municipalidad provincial de Nazca brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta.

Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a los medios, en la zona del accidente, que las víctimas son 11 pasajeros, el piloto y un copiloto o guía, que partieron desde el terminal aéreo de Pisco y se dirigieron, después del mediodía local, a sobrevolar las Líneas de Nazca.

La nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente, según comentó a EFE el guía turístico Juan Valdivia, quien trabaja igualmente en Nazca.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.

De momento, se sabe que la negociación estará encabezada por el hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, cabeza de otros exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y que estuvo controlada por la oposición.

Se espera que Figuera esté acompañada por exdiputados como Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus, según una información del movimiento político Unión y Cambio.

El partido Primero Justicia (PJ), integrante de la mayor coalición opositora, anunció el viernes que tendrá una representación en el proceso, sin dar nombres.

Tampoco se sabe quiénes acompañarán a Rodríguez en la delegación del chavismo, que ha señalado como objetivos el "fortalecimiento" de la democracia, enfrentar las consecuencias del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio y lograr el fin de las sanciones.

Por su parte, el grupo opositor afirma que se trata de un plan para "promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional".

Figuera, quien viajó a Venezuela el pasado junio tras atender una invitación del Departamento de Estado de EE.UU. luego de ocho años en el exilio, aseveró esta semana que este proceso "debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para alcanzar acuerdos concretos que conduzcan a la recuperación de la democracia mediante elecciones libres y justas".

"Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano", escribió en X.

Valoramos la declaración del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado EEUU, Jim Risch y del Senador John Curtis. Compartimos la convicción de que este proceso debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para… https://t.co/uGbjuOv9Rq

— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 30, 2026

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Peticiones

El diálogo, que se suma a un largo historial de procesos entre ambos sectores, comienza tras poco más de dos meses de que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación "seria" con el Gobierno y con el acompañamiento de EE.UU. para "restaurar la democracia" a través de una elección presidencial "libre, transparente y soberana".

Sin embargo, estas nuevas conversaciones iniciarán sin la Premio Nobel de la Paz, quien el pasado fin de semana aseguró en un comunicado, firmado con González, que no participó en su "diseño, construcción y funcionamiento".

Ambos dijeron que no serán "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales", aunque aclararon que la evaluarán "con base en logros concretos y verificables", entre los que mencionaron "la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones" y "un cronograma electoral presidencial oportuno".

Familiares de presos políticos tienen previsto este sábado protestar cerca de la Embajada de EE.UU. en Caracas para exigir que la liberación de estos detenidos sea el primer punto en la agenda de diálogo.

Entretanto, el chavista Frente Popular Antiimperialista convocó a una protesta contra el diálogo con la oposición y el "injerencismo" de Estados Unidos.

La negociación empezará casi siete meses después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que se iniciara lo que Delcy Rodríguez definió como un "nuevo momento político", marcado por una estrecha colaboración con Washington, una apertura económica a la inversión extranjera, el retorno paulatino del país a la comunidad internacional y una renovación del gabinete y del alto mando militar, entre otros acontecimientos.

También arranca con el telón de fondo de la emergencia por los recientes terremotos, que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales.

Consultado al respecto en Lo que Queda del Día, el diplomático admitió que la posibilidad de que se convoquen elecciones "es todavía una gran incógnita, y va a depender mucho de cuáles son los objetivos y prioridades del gobierno de Trump, porque de hecho, Venezuela se ha convertido en una suerte de protectorado de los Estados Unidos".

"Después del secuestro de Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez fue reconocido como gobierno de hecho, y ellos han aceptado esa condición, donde los temas principales los define el Departamento de Estado, y particularmente (el titular de esa cartera, Marco) Rubio", aseguró.

Gazmuri recordó entonces que, desde enero, "las prioridades de EE.UU. han sido básicamente dos: una es tener acceso privilegiado y control del petróleo venezolano (...), y la segunda es eliminar la influencia y la presencia (en ese país) de sus adversarios estratégicos, particularmente de China. Cuando anunció el secuestro de Maduro, Trump no nombró las palabras 'democracia' ni 'derechos humanos'".

Dicho esto, apuntó que recientemente "han agregado una tercera prioridad que es que, una vez que se normalice la situación y se recupere la economía, van a promover una transición democrática". Es en este marco que comenzarán las tratativas -bajo tutela estadounidense-, encabezadas por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y quien fuera electa en ese cargo en 2015, Dinorah Figuera.

"Yo tengo la expectativa de que esto culmine con un proceso de democratización real del país, (porque) todos los recursos de poder y las policías siguen bajo el mismo mando del gobierno de Maduro, que hoy está preso y sometido a juicio en Nueva York. Pero lo importante es mirar cómo ocurre ese proceso, y hasta cuándo va a durar esta suerte de protectorado de los EE.UU. sobre un país tan importante de América Latina como es Venezuela", cerró el exembajador.